Opinión
Por Osvaldo Soto , 15 de agosto de 2021

Opinión: “Saltándose, el torniquete”

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Marta Canto, presidenta Fundación Foro Los Ríos.

En estos días hemos  visto la renuncia de varios integrantes independientes en la llamada Lista del Pueblo que integra la Convención Constitucional, junto a una serie de anuncios de precandidaturas presidenciales en esa lista.

En este escenario, donde se ha instalado en el país una especie de “virtuosismo” para los independientes, es importante poner nuevamente el foco, en la importancia de los partidos políticos, como instituciones permanentes en una democracia, que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular.

En nuestro país, siguiendo nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en la Constitución Política de 1980, art 64 y la LOC N°18.603/87 y sus posteriores modificaciones, que regulan su funcionamiento, señala: ”Art.1:Son asociaciones autónomas y voluntarias, organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación política democrática, contribuyen a la integración de la representación nacional y son mediadores entre las personas y el Estado. 

Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes. ”Todos sabemos, que la Ley establece una serie de exigencias a los partidos políticos para su funcionamiento y es por ello, que  el intento de la Lista del Pueblo, escudándose en una supuesta “independencia”, y que ha intentado actuar como partido político, termina debilitando la institucionalidad.

En este sentido, llama la atención el “proceso de elección” de un candidato presidencial, que no cumpla con las obligaciones indispensables a toda organización política: No es aceptable en una democracia representativa, “saltarse el torniquete” de la institucionalidad.

En los últimos años, debido a la deficitaria y cuestionada gestión de los partidos, se aprobó una serie de reformas sobre financiamiento y control de sus actividades, lo que fue derivando en que la ciudadanía acrecentara su desconfianza y que han sido la base de varios de los problemas que enfrentamos, pero  que debemos poner la acción en su mejoramiento y no en “la solución facilista” que es intentar revestirla de “independientes”, minando la institucionalidad democrática.

Sin duda, existen buenos aportes de personas individuales, que  pueden colaborar en el debate público y en las diversas instancias de decisión, que la institucionalidad democrática ofrece, ya que esa posibilidad está consagrada, en la actual legislación que rige la participación y las elecciones en el país. Pero, otorgarle a ese actuar, una suerte de superioridad ética, por sobre el resto de los actores políticos, como se ha intentado instalar, no sólo es ilusorio, sino  que plantea varias agravantes.

Una de la más delicada, es intentar instalar un discurso antipartidos, ya que sólo termina fomentando una riesgosa opacidad, en torno a los intereses de quienes intervienen en política.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en los partidos es clave para la salud de nuestro sistema democrático, pero ello no pasa por engañar al sistema, sino por asumir responsabilidades en las dirigencias y elevando los estándares de probidad y transparencia.

La experiencia de países de la región que han visto colapsar su sistema de partidos y proliferar movimientos, supuestamente “independientes”, revelan los costos y riesgos, que  ello conlleva, para  la institucionalidad democrática.


Marta Canto Castro
Administrador Público y Cientista Política
Presidenta Fundación Foro de Los Ríos.

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