Una serie de reacciones se generaron tras conocerse el caso de Rosana Bernarda Vera Contardo, mujer que aparecía en el listado de 1.469 personas detenidas desaparecidas de la dictadura.
Según un reportaje de Chilevisión, nuevos antecedentes indican que Vera se encontraría con vida, residiendo actualmente en Argentina.
La mujer fue detenida el 10 de octubre de 1973 en la localidad de Trafún, provincia de Valdivia, actual Región de Los Ríos. Hasta ese año, había trabajado como profesora en una escuela rural de Puerto Fuy, comuna de Panguipulli.
El Informe Rettig consignaba que la exmilitante del MIR habría sido ejecutada. No obstante, los nuevos antecedentes apuntan a que logró escapar a Argentina a través de la cordillera.
Posteriormente, en 1978 obtuvo un permiso de residencia en Suecia, país del cual se hizo ciudadana en 1984. En 1999, Vera habría retornado al vecino país, siendo hallada en Mar del Plata.
La situación puso en el debate público la veracidad del Informe Rettig y los cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda (PNB) del gobierno.
El ministro de seguridad pública, Luis Cordero, abordó los cuestionamientos, señalando que el PNB ya tenía información del caso. El Comité de Seguimiento fue informado en enero de este año sobre la residencia y ciudadanía sueca de Vera.
El ministro hizo un llamado a "comprensión respecto a qué es el Plan" y pidió cautela. "No solo hay que resguardar la verdad, sino que también hay que resguardar la situación familiar de las víctimas", dijo, apelando a tratar con cuidado el dolor de la hija de Bernarda Vera.
Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue enfática en defender la labor del PNB. Aseguró que este es el único caso confirmado en que una persona del listado oficial ha sido encontrada con vida.
Resaltó que el hallazgo fue producto del trabajo de cruce de antecedentes técnicos y profesionales, que también permitió detectar a otra persona que no estaba en el listado original.
El senador Alfonso De Urresti, en tanto, llamó a investigar los antecedentes, pero advirtió sobre la relativización de los crímenes de la dictadura.
“Es una denuncia grave que tiene que investigarse en todas las instancias que corresponda, pero de ninguna manera puede ser utilizada esta situación para relativizar el tremendo daño, la cantidad de muertes, de desaparecidos, de cientos de personas que vieron atropellado sus derechos, su vida y sus familias destrozadas después del golpe militar”, dijo.
Agregó que no se puede aceptar que sectores interesados, negacionistas, traten de relativizar el horror que se vivió en Chile.
“Tiene que funcionar la la justicia, tiene que investigarse para esclarecer los hechos, saber la verdad, pero insisto, de ninguna manera se puede aceptar esa relativización o tratar de enludar con esto el trabajo de cientos de miles de personas que han buscado a sus seres queridos durante años”, agregó. Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.
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